Libertad de EnseñanzaSe ha dicho, con razón, que la libertad de enseñanza ha tenido el infortunio de ser la libertad menos amada por los liberales y la más combatida por los socialistas. Razones históricas explican esta debilidad de la libertad de enseñanza y las dificultades que ha tenido su ejercicio, e incluso su reconocimiento,  en la historia europea.

En efecto, la configuración de los sistemas educativos modernos, que tiene lugar a lo largo del siglo XIX, coincide con la construcción de las realidades nacionales por el impulso  de la Revolución francesa. En los Discursos a la nación alemana Fichte había preconizado el modelo del “Estado educador” precisamente con la finalidad de conformar el “alma alemana”. Y este modelo se fue extendiendo por el continente a medida que los Estados nacionales se iban fortaleciendo y asumían  crecientes responsabilidades en materia educativa. Para el cumplimiento de la misión de formar “buenos ciudadanos”, identificados con la nación, el Estado debía hacerse cargo de la totalidad de la educación, al menos la de la gran mayoría de las clases populares. La libertad de enseñanza debía ser sacrificada,  en aras de ese objetivo considerado prioritario. Solamente el mundo anglosajón no secundó esta orientación. John Stuart Mill fue acaso el único pensador liberal que combatió vigorosamente el monopolio del Estado en materia educativa como incompatible con una sociedad libre.

Así, en el mundo anglosajón la convivencia entre escuelas estatales y de iniciativa social fue relativamente pacífica. En la mayoría de los países del continente, sin embargo, la libertad de enseñanza fue el campo de constantes litigios y de “guerras escolares”.

En nuestro proceso constituyente (1977-78) también la libertad de enseñanza fue objeto de una viva controversia, hasta el punto de provocar la ruptura de la ponencia constitucional. Los socialistas pretendían implantar el modelo de “escuela única, pública y laica” y rechazaban la constitucionalización de la libertad de enseñanza. Pero habían pasado algunas cosas en el mundo que debilitaban sobremanera la posición maximalista de los socialistas de entonces. Tras la segunda guerra mundial las potencias occidentales se propusieron sentar las bases de un nuevo orden mundial en paz, que impidiera el auge de los totalitarismos. Fue el momento de la proclamación de los derechos humanos como garantía de sociedades libres. En la Declaración Universal de 1948 se incluyó el “derecho preferente de los padres  a escoger el tipo de educación que habría de darse a sus hijos”. Y en los Pactos de Derechos Sociales y Económicos (1966), que desarrollaban la Declaración, se proclamaba más explícitamente el derecho de los padres “a escoger escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas” (art. 13). No podía quedar más claro el núcleo esencial de la libertad de enseñanza: una oferta plural (compuesta por escuelas públicas y de iniciativa social) y la posibilidad de elección por parte de los padres.

Pacto EducativoEl espíritu de transacción que prevaleció en el proceso constituyente propició el acuerdo que finalmente se alcanzó y que se plasmó en el artículo 27 de la Constitución. La libertad de enseñanza quedó constitucionalizada. A partir de entonces la polémica se iba a centrar en cómo desarrollar una libertad ciertamente compleja, sobre todo cuando hay que hacerla compatible con el “derecho a la educación” –derecho de carácter económico y social- , que implica la obligación del Estado de proporcionar los recursos que faciliten el acceso de todos a la educación, sin posibilidad de discriminaciones de cualquier tipo. Excluir de la financiación pública a las familias que, en ejercicio de su derecho de elección, quisieran escolarizar a sus hijos en escuelas distintas de las creadas por los poderes públicas constituía una flagrante discriminación, que nuestra Carta Magna no podía amparar. El partido socialista adoptó, durante su largo mandato, el sistema de “conciertos” (ya existente en otros países democráticos) para  la financiación de las escuelas privadas. El modelo, con todas sus deficiencias, lleva funcionando más de treinta años y ha permitido una razonable convivencia entre la escuela pública y la privada, que, al menos,  ha evitado perturbadoras guerras escolares.

Pero hay que reconocer que, a diferencia de la sociedad española, en especial las amplias clases medias, que aprecian de modo creciente la libertad de elección y la ejercen como un bien precioso para sus hijos, las distintas corrientes de la izquierda española no han acabado de aceptar la libertad de enseñanza. Por eso no ha dejado de estar en el centro de las recurrentes polémicas que han caracterizado nuestra vida educativa de los últimos cuarenta años. Desdichadamente la libertad de enseñanza no ha logrado convertirse en una cuestión pacífica en nuestra sociedad.

Dos son las cuestiones, ambas muy relevantes, en que se ha centrado la polémica, con posiciones enfrentadas entre el centro-derecha y la izquierda. La primera se refiere a la tensión planificación-libertad. Para la izquierda la planificación debe prevalecer sobre el criterio de la libertad y tal planteamiento privilegia la expansión de la enseñanza pública en detrimento de la promovida por la iniciativa social. El centro-derecha ha defendido, por el contrario, que la planificación debe tener en cuenta la demanda de las familias para hacer real  de la manera más satisfactoria posible el derecho de elección.

La segunda cuestión controvertida se refiere a  la identidad de los centros. El partido socialista pretendió que la financiación pública de un centro a través del concierto debería conllevar la renuncia de su “ideario” o de su “carácter propio”, por lo que quedaría integrado, como un centro más, en la red pública escolar. El Tribunal Constitucional zanjó la cuestión proclamando que el “carácter propio” pertenecía al núcleo esencial de la libertad de enseñanza reconocida en nuestra Constitución. Pero también hay vías y mecanismos indirectos para intentar debilitar la identidad de los centros. Y por eso uno de los campos de batalla de los últimos tiempos es el que se refiere a la autonomía de las instituciones educativas, muy mermada ante el desmesurado intervencionismo, incluso en aspectos pedagógicos, de las administraciones educativas.

El centro derecha español, tanto en tiempos de UCD como en los del PP, ha defendido en sus programas, de manera constante, la expansión de la libertad de enseñanza. En el ámbito legislativo la norma más favorable a los aspectos nucleares de esta libertad quedó plasmada en la Ley de Calidad de 2002. Pero su breve duración impidió que se asentaran los principios en ella establecidos y que establecían  un marco propicio para su desarrollo.  Los gobiernos regionales del PP  no han sido siempre  coherentes  con los planteamientos programáticos de su partido y han mantenido una trayectoria oscilante en la defensa de esta libertad.

Los avatares de todos estos años de nuestra vida democrática muestran que todavía la libertad de enseñanza es una libertad débil y que sobre ella se ciernen amenazas, que no se deben minusvalorar. Por un lado, una parte de la actual izquierda está poniendo en cuestión el “pacto educativo” de la Constitución de 1978 y ya han surgido iniciativas de gobiernos de las Comunidades Autónomas muy restrictivas para el ejercicio de la libertad de elección. Por otro lado, en parte del centro-derecha español están abriéndose paso visiones  tecnocráticas que arrinconan el principio favor libertatis. El regreso a la “escuela única, pública y laica” y una especie de  falaz “despotismo ilustrado tecnocrático” (que encierra un desmesurado intervencionismo estatal) son ahora los enemigos  de la libertad de enseñanza.

Tengo la convicción de que las libertades educativas constituyen uno de los bienes más preciosos para las sociedades democráticas y abiertas. Pero, además, son un factor de calidad para nuestros sistemas educativos. Cuando se ejerce la libertad de elección, la relación familia-escuela  se hace más intensa. Con libertad los centros educativos pueden desarrollar sus proyectos propios, innovar, compararse con  otros, desarrollar experiencias nuevas y fortalecerse como instituciones.  Ahora, que se ha abierto el camino hacia un “pacto educativo”, debemos estar vigilantes para que no se produzcan retrocesos en esta materia, porque las libertades educativas no pueden ser moneda de cambio.

Eugenio Nasarre