Muy cerca ya de las nuevas elecciones generales, casi todos los partidos y la mayoría de la opinión pública coinciden en la necesidad de un Pacto Educativo en España.
Se alega a menudo que un país no puede cambiar de leyes educativas cada vez que cambia el Gobierno, olvidando que, hasta la LOMCE del 2013, aquí no se han podido aplicar otras leyes de Educación que las que ha promovido el PSOE. Y ahí reside el obstáculo principal a cualquier pacto educativo: la izquierda política y pedagógica considera la educación como un coto a ella reservado, donde no admite otras leyes que las que ella aprueba o las que ella modifica, cuando lo considera oportuno, y donde toda iniciativa que provenga de otros ámbitos políticos o de la sociedad civil es sistemáticamente rechazada y denigrada.
Sin embargo, todos deberíamos hacer un esfuerzo para superar esta situación, pues está en juego el futuro de nuestros jóvenes y el progreso de España. La situación actual, en la que parece difícil que un solo partido vuelva a gobernar con mayoría absoluta, nos brinda una oportunidad de llegar a acuerdos, recuperando aquel espíritu de la Transición con el que españoles de muy diversas ideologías supieron superar sus diferencias con inteligencia, realismo y patriotismo. 
No será fácil pero tampoco imposible acordar unas líneas básicas del Pacto Educativo que, en mi opinión, debían ser las siguientes:
1) La Educación española necesita mejorar, promoviendo la calidad, la exigencia, las evaluaciones, la autonomía de los centros, la rendición de cuentas, la información pública y transparente y la homogeneidad del sistema educativo español. Todos estos objetivos figuran en el Preámbulo de la Ley Orgánica de Educación (LOE) del 2006, por lo que no deberían ser rechazados por la izquierda que tanto defiende dicha ley
2) La libertades educativas – y especialmente el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y la viabilidad de la educación concertada – deben ser promovidas y amparadas en toda España, no sólo por dar cumplimiento efectivo a la Constitución sino porque juegan un papel fundamental en la mejora de la calidad educativa y en la eficiencia del gasto público destinado a la Educación
3) En contrapartida de lo anterior, todos los partidos deben comprometerse a reforzar la inversión educativa, a través del aumento progresivo de presupuestos del Ministerio de Educación, para el impulso de programas de calidad y equidad que ejecutarían, previa transferencia, las Comunidades autónomas. De esta forma, se avanzaría en la vertebración y homogeneidad de nuestro sistema educativo, que hoy sufre diferencias inaceptables entre Comunidades Autónomas.
El Pacto Educativo no sólo es posible, con flexibilidad y sin radicalismos, en el momento actual sino que constituye un reto al que ningún partido constitucionalista debería negarse en el interés supremo de España.
Luis Peral Guerra
Portavoz de Educación del Partido Popular en la Asamblea de Madrid