Nunca es prudente incumplir el Derecho. Es verdad que la certeza del Derecho no es exacta o matemática. Es flexible, pero no es maleable como la plastilina. Cabe siempre un margen para la concreción de la labor judicial, pero no para la arbitrariedad ni para el sometimiento al poder ejecutivo. El juez debe mirar hacia la justicia y la ley, y no atender a la conveniencia del Gobierno. En ocasiones la referencia a la prudencia política es una máscara que encubre el interés o la conveniencia. Lo más imprudente es no aplicar el Derecho.
Muy mala cosa es que a los Gobiernos no les interese el cumplimiento de la ley y teman su aplicación. Es un camino seguro hacia la quiebra del Estado. La weberiana ética de la responsabilidad, si es que hay que admitirla como opuesta a la ética de la convicción, no es la antesala de la razón de Estado. En un Estado de Derecho, los jueces están sometidos a la ley, no al Gobierno.
Es una grave anomalía que partidos políticos que consideran ilegítimas unas elecciones, se presenten a ellas. O que se pretenda conferir carácter plebiscitario a unas elecciones autonómicas. O que se estime imprudente la aplicación de un artículo de la Constitución, como si estuviera en ella, pero con la condición de no ser nunca aplicado. Ciertamente, ante un golpe de Estado la primera víctima es el Derecho, en palabras del jurista Celso, “el arte de lo bueno y de lo justo”. La primera exigencia de la prudencia política es el respeto al Derecho. Nunca la injusticia es prudente. Como afirmó Ortega y Gasset, “la destrucción del Derecho no puede producir sino el envilecimiento del hombre”.
Ignacio Sánchez Cámara