Los días 12 y 13 de marzo, más de 1200 delegados se darán cita en París en el I Foro europeo One of Us. Coordinado por la fundación del mismo nombre, cuyo origen está en la iniciativa presentada en el Parlamento europeo en 2013, sus objetivos y campo de acción van ya más allá de la defensa de la vida y abarcan todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la dignidad de las personas.

De entre los temas a tratar en dicho Foro, de cara al Día de la Mujer, se va a poner el foco en una cuestión que pocas veces se trata y que, en base a la ideología de género dominante, no se relaciona con una de las vulneraciones más flagrantes de la dignidad de la mujer como ser humano. Me refiero a los “vientres de alquiler”, eso que es llamado eufemísticamente “maternidad subrogada” o “gestación por sustitución”, para evitar la referencia a la sordidez de una práctica en la que quien tiene dinero paga por ser padre y quien no lo tiene, recibe una compensación por ser madre de un hijo al que deberá renunciar.

Aunque se trata de una práctica actualmente prohibida en España, en la última campaña electoral ya se planteó como una demanda de la sociedad, de la que se hicieron eco todos los partidos políticos a excepción de Izquierda Unida. Podemos suponer que, aunque esa demanda social sea inexistente, si ha entrado en de la agenda política, sin apenas voces discordantes, es obvio que su práctica acabará siendo aprobada.

La realidad es que, de lo que hablamos es de dar por bueno el comercio del cuerpo de la mujer y, por ende, el tráfico de niños y, si nada lo impide, no sólo en España, sino en el resto de los países europeos acabaremos consagrando y facilitando la compra-venta de seres humanos, para todo aquél que quiera y esté dispuesto a pagar el precio, exigiendo, – como ya ocurre en los países en los que está permitido, y como es lógico en una transacción comercial-, unos estándares de calidad del producto adquirido, empezando por la selección de la madre y finalizando con el niño objeto de la transacción.

Sin embargo, reducir la personalidad de una mujer a su útero, y convertirlo en un espacio sujeto a compraventa o pretender que una mujer se disocie de la experiencia de la maternidad cuando se trata de una transacción comercial, creo que es sencillamente aberrante. Tratar de que el vínculo que se establece entre madre e hijo durante la gestación, se obvie en aras de un negocio, más o menos consentido, es antinatural, y es ridículo pretender que no tenga consecuencias en la mujer y en el niño, como si por el hecho de haberse fijado un precio, la maternidad se convirtiese en algo aséptico para ambos.

De hecho, no se trata de una práctica exenta de riesgo, porque la gestación y el parto, nunca lo son. Tampoco desde el punto de vista psicológico, ni por parte de una madre que durante nueve meses lleva en su seno a un hijo al que ha renunciado de antemano, ni tampoco – aunque es insuficiente la casuística para conocer sus consecuencias- lo será para el niño. Pero tampoco son inmunes al proceso los padres contratantes, ya que durante todo el embarazo carecen de la seguridad de que la madre de alquiler no vaya a echarse atrás en el último momento, o alguno de los donantes reclame la custodia del niño.

La cuestión es que, a pesar de las dudas legales, de aquellas que tienen que ver con la dignidad de la mujer, de la utilización comercial de un ser humano, de los imprevistos que pueden surgir y de la gravedad de sus consecuencias, esta práctica, ya ha entrado, como decía, en la agenda política y sólo es cuestión de tiempo –salvo que se reaccione de forma clara- que acabe convirtiéndose en una conquista social. Los argumentos están claros: existe un derecho a ser padre –aunque la Naturaleza lo impida- y toda transacción voluntariamente aceptada por las partes, debe ser normalizada.

Así las cosas, es posible sostener un derecho que no existe, y actuar conforme a él, aunque sea a costa de la vulneración de otros preexistentes, como son los relativos a la explotación de la mujer que vende o alquila su cuerpo por dinero, y la comercialización de seres humanos.

En cuanto al carácter positivo de las transacciones voluntariamente aceptadas, no es cierto que no deba existir límite alguno. Ello queda en evidencia en aquellas prácticas que culturalmente han sido siempre reprobadas cuando, utilizando el argumento de la libre aceptación de las partes, se pretenden legalizar. Tal es el caso del debate abierto en el partido liberal sueco, cuyas juventudes proponen la legalización del incesto entre mayores de 15 años y la necrofilia, previo consentimiento de la persona antes de morir. El argumento de su portavoz es que aunque una práctica pueda parecer inusual o repugnante, no es motivo suficiente para prohibirla, si hay consentimiento de las partes.

Las manifestaciones de repulsa de los próceres del Partido Liberal sueco, han sido inmediatas. Me atrevo a apuntar que si el ala más joven del partido, a la hora de hacer esta propuesta, hubiese utilizado un eufemismo para referirse a estas prácticas y hubiese planteado un argumento de carácter humanitario, la línea entre lo que es o no repugnante, ya no estaría tan clara para sus mayores y, transcurrido un tiempo, quizás hasta fuese aceptado por la sociedad y aprobado por su legislación. Ese es el camino de los “vientres de alquiles” en aquellos países en que sigue prohibido. Salvo que sepamos reaccionar.

GARI DURÁN

EXSENADORA Y PORTAVOZ DE “FAMILIA Y DIGNIDAD HUMANA”

Artículo original publicado en El Mundo de Baleares